Las leyes manan (deberían manar) del pueblo

Acabo de leer el artículo Not wrong, just illegal, que puede leerse en español aquí.

En definitiva, lo que debemos tener en cuenta es que las leyes se supone que manan del pueblo, porque la gente las quiere. A veces las leyes las tiene que imponer el estado, aun en contra de la opinión de muchos ciudadanos, siempre justificadas, en pro de un objetivo bueno para la sociedad, y con otros tantos ciudadanos a su favor. Son ejemplos las multas de tráfico, de aparcamiento, los radares, las prohibiciones de fumar, conducir bebido, etc.

Para todas esas leyes hay un consenso en la sociedad que las apoya. Pero hay otras leyes, que salen promovidas por determinados lobbies, y que la sociedad no las apoya, sólo los gobiernos y los partidos políticos, pero sólo cuando están gobernando... tan pronto salen del gobierno dejan de apoyarlas: es curioso que las dos únicas cosas que se me ocurren que cumplen con esto son el canon digital y las descargas P2P que infringen la propiedad intelectual.

Eso nos debería hacer reflexionar, si realmente la sociedad apoya que la creación y la propiedad intelectual deben estar así de protegidas... o si la sociedad quiere todo lo contrario: que no haya canones injustos, ni copyright, ni propiedad intelectual, o al menos que no los haya como ahora. El software libre está demostrando que es posible un modelo económico de cobro por trabajo y no por copia, así que...

En definitiva, cuando se paga por algo se debería obtener un valor por ese algo, y no limitarse a obtener un pago simplemente por una transmisión de bits que no cuesta nada o un trozo de plástico que cuesta menos de un céntimo.

O igual si se rebaja el precio y casi todo el beneficio va para el autor, y no para una interminable cadena de distribución que se lleva el 99%, estamos todos de acuerdo en pagar un precio justo al creador, sea músico, escritor o programador.

Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.